Un estudio realizado por la Universidad de Chile y Chile Sustentable ha puesto de manifiesto los vacíos regulatorios, la débil fiscalización y la falta de exigencias ambientales en el proceso de cierre y reconversión de termoeléctricas a carbón en el país. Aunque la transición energética avanza, esto no se hace bajo estándares homogéneos ni con mecanismos de control efectivos.
El informe, titulado “Regulación ambiental y sectorial aplicable al cierre y reconversión de centrales termoeléctricas a carbón en Chile”, destaca que 7 de las 14 centrales cerradas no cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que significa que no tienen obligaciones específicas sobre cierre, desmantelamiento y remediación ambiental.
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Además, se evidencia un uso indebido de las consultas de pertinencia, que permite evitar el ingreso de proyectos de reconversión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este incumplimiento se ha observado en centrales como Angamos 1 y 2, Nueva Ventanas y Campiche, lo que refleja una fiscalización insuficiente por parte de las autoridades.
La directora del Centro de Derecho Ambiental, Pilar Moraga, ha manifestado que el problema es tanto técnico como estructural, con un vacío regulatorio persistente. La falta de exigibilidad ha llevado a la permanencia de infraestructuras sin desmantelar y a la ausencia de medidas de remediación ambiental en comunidades históricamente afectadas por la operación de estas termoeléctricas, perpetuando pasivos ambientales y sociales.
Este estudio no solo se limita al ámbito jurídico, sino que también plantea un debate político sobre cómo avanzar hacia una transición energética justa. La situación actual exige una mejora en la regulación y fiscalización para garantizar un futuro sostenible en el sector energético chileno.
