El reciente nombramiento de Antonella León, exasesora del diputado Sergio Bobadilla, en la Subsecretaría de Pesca ha desatado un fuerte rechazo en el sector artesanal. Los pescadores han expresado su preocupación por la posible captura de este organismo por parte de la industria pesquera, lo que ha llevado al retiro de la nueva Ley de Pesca propuesta por el Gobierno. Esta situación ha hecho resurgir la polémica Ley Longueira, que ha sido objeto de críticas por su impacto negativo en la pesca artesanal.
En una reciente sesión de la Comisión de Pesca, Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP), denunció la relación entre la Subsecretaría y Bobadilla, quien ha defendido intereses industriales en el pasado. Cortés calificó el retiro de la nueva Ley como un “error garrafal”, acusando al Gobierno de proteger a quienes se beneficiaron de la Ley Longueira, descrita como “corrupta”.
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El conflicto se intensifica por la continuidad de la influencia de la industria pesquera en la tramitación legislativa. Cortés argumentó que el retiro de la nueva Ley de Pesca no solo favorece a los intereses industriales, sino que también reabre las sombras del caso Corpesca, que involucró condenas por cohecho y fraude. La presencia de León en la Comisión, junto a otros vínculos del subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, con la industria, refuerza la percepción de una “intervención” del sector industrial en la Subsecretaría.
Además, el escándalo se ve alimentado por la revelación de que Bobadilla y otros diputados presentaron indicaciones a la nueva Ley copiadas de un informe de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), buscando eliminar sanciones y limitar la pesca artesanal. Esta situación recuerda episodios anteriores, donde la industria pesquera influyó de manera significativa en la legislación.
Finalmente, el retiro de la nueva Ley General de Pesca, que había avanzado considerablemente en su tramitación, ha dejado a muchos actores del sector pesquero artesanal frustrados, pues representa un retroceso en sus esfuerzos por obtener una regulación más justa y equitativa. La comunidad pesquera continúa en alerta, temiendo que sus derechos sean nuevamente ignorados por un sistema que parece favorecer a intereses industriales por encima del bienestar colectivo.
