La iniciativa que restringe el acceso sanitario a migrantes irregulares coincide con la alerta por sarampión en Perú, encendiendo advertencias sobre sus efectos en la cobertura y el control epidemiológico en las regiones fronterizas.
La discusión sobre migración en Chile vuelve, una vez más, a tensionar política y realidad. Esta vez no es solo un debate sobre fronteras o regularización, sino sobre algo más profundo, quién tiene derecho a enfermarse y a ser atendido. El proyecto que busca limitar el acceso a la salud para migrantes en situación irregular abre una grieta peligrosa, no solo ética, sino también sanitaria.
El Colegio Médico lo advirtió con claridad en la carta enviada al Ministerio de Salud. Restringir la atención a emergencias no es una medida neutra. Interrumpir tratamientos de enfermedades como VIH o tuberculosis, o reducir coberturas de vacunación, no afecta solo a quienes quedan fuera del sistema, sino que compromete a toda la población. Es una advertencia técnica, pero también política. La salud pública no reconoce fronteras administrativas.
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Lo que vuelve particularmente delicada esta discusión es el contexto regional. Mientras en Chile se debate restringir el acceso, en el sur de Perú se registra un brote de sarampión que ya genera alertas sanitarias. El sarampión no es una enfermedad cualquiera. Es altamente contagiosa, con capacidad de propagación rápida en poblaciones no vacunadas. En ese escenario, debilitar los sistemas de control epidemiológico es, simplemente, abrir la puerta al riesgo.
Y ese riesgo no se distribuye de manera homogénea. Las regiones del norte, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, están expuestas de forma directa por su condición fronteriza. La alta movilidad humana, el tránsito laboral y comercial, y los vínculos cotidianos con el sur peruano hacen que cualquier brecha en cobertura sanitaria se transforme en un problema inmediato.
El punto de fondo es incómodo, pero necesario. Políticas que buscan “ordenar” la migración pueden terminar generando externalidades sanitarias que afectan justamente a quienes se pretende proteger. Si una persona no accede a vacunación o tratamiento, el problema no desaparece. Se desplaza, se invisibiliza y luego reaparece con mayor costo social. La historia de la salud pública está llena de ejemplos en esa dirección.
Además, hay un error de enfoque que se repite. Se asume que restringir derechos desincentiva la migración irregular. Pero en la práctica, lo que suele generar es mayor informalidad, menor trazabilidad sanitaria y más dificultad para contener brotes. Es decir, menos Estado donde más se necesita. Y en contextos epidemiológicos sensibles, esa ausencia se paga caro.
La política tiene derecho a debatir sobre migración, control y regulación. Pero cuando ese debate toca la salud, entra en otro terreno. No se trata solo de quién accede a un beneficio, sino de cómo se protege un bien colectivo. En medio de una alerta por sarampión en la región, insistir en medidas que debilitan la cobertura sanitaria no es solo una decisión discutible. Es, derechamente, una apuesta riesgosa para el norte del país.