Los alcaldes oficialistas están mostrando un creciente malestar respecto a la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Esto se debe principalmente a la propuesta que plantea la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años. La inquietud radica en no saber cómo será compensada la merma en los ingresos municipales que esta medida podría ocasionar.
En una reunión reciente, aunque se discutieron varios temas, las autoridades no brindaron una respuesta clara sobre la compensación que recibirán los municipios. El gobierno ha mencionado que habrá una compensación al Fondo Común Municipal (FCM), pero no se ha abordado lo que dejarán de percibir directamente las comunas. Según cálculos, se estima que se dejarán de recaudar alrededor de US$ 200 millones, afectando especialmente a las comunas de más recursos.
Los alcaldes han estado en comunicación a través de un grupo de WhatsApp, buscando estrategias para presionar a La Moneda. Las comunas más afectadas son aquellas con jefes comunales de derecha, como Las Condes, Providencia y Santiago, quienes han comenzado a manifestar sus preocupaciones públicamente, aunque han evitado intensificar el conflicto por el momento.
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El impacto de la eliminación de estas contribuciones podría significar una pérdida de entre 3 mil y 10 mil millones de pesos para los municipios. Algunos alcaldes, como el de Independencia, han advertido que la falta de compensación afectará directamente las políticas sociales en áreas críticas como salud y educación, lo que podría resultar en recortes significativos en sus presupuestos.
La situación ha llevado a los alcaldes a solicitar formalmente una reunión con el Ministro de Hacienda, sin haber recibido respuesta. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, ha señalado que es vital ser parte de esta discusión, ya que la reforma impacta directamente en sus ingresos. Sin embargo, la falta de diálogo con el ministerio está agravando la situación.
A medida que el descontento crece, los alcaldes están considerando acciones más contundentes si el gobierno no ofrece respuestas claras. Algunos comienzan a realizar gestiones con senadores para introducir indicaciones que ajusten la medida y protejan los ingresos municipales, aunque esto podría tener un alto costo político debido a la popularidad de la eliminación de contribuciones entre los ciudadanos.
