A principios de septiembre del año pasado, la Dirección de Logística de Carabineros abrió una licitación a través de Mercado Público para adquirir teléfonos. Este proyecto buscaba adquirir 1.800 equipos móviles de estándar militar, destinados a funcionarios que realizan labores en las calles. Los equipos tienen un grado de tecnología y construcción que les permite apoyar la función policial, como realizar controles de identidad y establecer comunicaciones.
En enero de este año, Carabineros adjudicó la licitación con un presupuesto de $2.997.493.200. Sin embargo, la compra derivó en una investigación interna debido a presuntos actos de corrupción. Esta situación también se encuentra judicializada en el Tribunal de Contratación Pública (TCP).
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A la licitación se presentaron seis empresas, entre ellas Sonda S.A., que fue la ganadora con una oferta de $2.981 millones. A raíz de esta adjudicación, Carabineros decidió abrir una indagatoria interna que resultó en la remoción de la teniente coronel Mylena Álvarez, quien había viajado a un seminario en Cancún, México, invitada por la misma empresa. Este hecho ha llevado a que se le acuse de faltas graves a la ética institucional.
Desde Carabineros confirmaron la indagatoria interna y mencionaron que actualmente existe una investigación administrativa en curso. Por su parte, Sonda defendió su participación, argumentando que la invitación fue regular y no vinculada a procesos contractuales específicos. Sin embargo, la situación ha generado un gran revuelo, poniendo en entredicho la transparencia de las operaciones de la policía uniformada.
En paralelo, la empresa TIC Service ha demandado a Carabineros, alegando que la adjudicación a Sonda fue ilegal y arbitraria, pidiendo que se deje sin efecto. Esta situación refleja la complejidad y las implicancias de la gestión de recursos en instituciones públicas, llevando a cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el uso de fondos públicos.
