La Transición Energética 2.0 no consiste solo en cambiar tecnologías, sino en construir un sistema más confiable y moderno. La agenda planteada va en la dirección correcta. El desafío ahora es avanzar con decisión desde el diagnóstico hacia la ejecución.
La reciente exposición de la ministra de Energía en la Comisión de Minería y Energía del Senado destacó los avances y delineó con claridad las prioridades de una nueva etapa en el proceso de transformación energética del país. Chile ha sido reconocido por su liderazgo en energías renovables, pero el principal desafío ya no es la capacidad de generación, sino la capacidad del sistema para transmitir, distribuir y gestionar esa energía de manera segura, eficiente y equitativa.
En este contexto, la situación del sistema de distribución eléctrica se presenta como la urgencia más evidente para el sector energético. Cortes prolongados, baja resiliencia ante eventos climáticos y una infraestructura envejecida afectan directamente a las personas. La transición no puede medirse solo por la capacidad instalada o los precios, sino también por la calidad del servicio que reciben hogares, pymes e industria.

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Además, la modernización integral del sector es necesaria, dado que los marcos regulatorios actuales no siempre han incentivado la inversión oportuna. La adaptación a nuevas realidades como la generación distribuida y las redes inteligentes es fundamental. La certeza regulatoria, la planificación a largo plazo y la coordinación público-privada serán claves para que la energía continúe siendo un motor de desarrollo.
Finalmente, la viabilidad de los proyectos energéticos dependerá de su aceptación social. Esto exige un diálogo temprano con las comunidades y procesos institucionales ágiles. Como Parlamento, hay una responsabilidad ineludible en respaldar las prioridades identificadas, incluidas la mejora de la distribución y la fortalecimiento de la resiliencia del sistema.
La Transición Energética 2.0 es una oportunidad para dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo regional. Chile ha demostrado su capacidad de liderazgo y consolidar este avance requiere que la transición sea segura, equitativa y promotora del crecimiento del país.

