El Gobierno se reunió con asociaciones municipales este lunes para presentar los resultados del proceso participativo de reforma a la Ley de Seguridad Municipal. Este esfuerzo busca establecer protocolos de actuación para inspectores municipales, además de definir herramientas de apoyo y reforzar el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad.
En medio de este proceso, el Ejecutivo defiende su agenda de seguridad, especialmente ante los cuestionamientos hacia la ministra Trinidad Steinert, y espera un dictamen de Contraloría que respalde sus acciones. La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, se mostró abierta a la discusión sobre el uso de pistolas taser para funcionarios municipales.
El proceso para reformular la ley se desarrolló durante más de un mes, con participación de 218 gobiernos locales agrupados en las principales asociaciones de municipios. La iniciativa incluye estándares comunes para la seguridad municipal y protocolos nacionales, que se implementarán gradualmente según las capacidades de cada comuna.
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Quintana destacó la importancia del trabajo colaborativo en este proceso, asegurando que ya se había expuesto un plan de seguridad en el Senado. Además, defendió la existencia de un plan que incorpora iniciativas previas, apuntando que “no se trata de la inexistencia de un plan”, como se ha cuestionado.
La discusión sobre las pistolas taser fue abordada por Quintana, quien afirmó que el Gobierno está abierto a estudiar todas las posibilidades y evaluar herramientas que sean más eficientes y efectivas para el Estado. La ministra Steinert, por su parte, no ofreció declaraciones tras la actividad.
Los alcaldes presentes, como José Manuel Palacios y Rodrigo Contreras, resaltaron la importancia de la normativa y la necesidad de una coordinación transversal en materia de seguridad, subrayando que la seguridad debe ser una prioridad que trascienda las posturas políticas.
