El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha dado un nuevo paso en su estrategia migratoria al presentar una indicación legislativa que obligaría a instituciones de salud, educación y previsión a reportar antecedentes de migrantes irregulares a las autoridades. Esta medida busca avanzar en los procesos de identificación y expulsión de aquellos que se encuentren en situación irregular en el país.
La propuesta fue expuesta por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión del proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas en la comisión de Gobierno del Senado. Según información de La Segunda, la iniciativa establece que organismos públicos y privados deberán entregar información al Servicio Nacional de Migraciones cuando esta sea requerida.
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La indicación señala que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” estará obligado a proporcionar antecedentes como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos personales de extranjeros involucrados en procedimientos migratorios. Esta medida afectaría a entidades como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles.
El objetivo, según ha explicado el Ejecutivo, es aprovechar las interacciones de migrantes irregulares con servicios estatales para identificarlos y eventualmente concretar expulsiones. Esta nueva medida surge en medio de las críticas que ha enfrentado el Gobierno por la implementación del denominado “Plan Escudo Fronterizo” y las dificultades para materializar expulsiones masivas de migrantes irregulares, especialmente de origen venezolano.
