Parlamentarios de oposición han arremetido contra el Presidente José Antonio Kast tras conocer que él ordenó el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido como Punta Peuco. La decisión ha suscitado dudas sobre la posibilidad de convertir el recinto en un penal común, como se había planteado durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
El pasado 27 de mayo, se informó que Gendarmería trasladó tres reos comunes a otros recintos penitenciarios. En este contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, indicó que la segregación y el traslado de los internos son decisiones que corresponden al director de Gendarmería.
Sin embargo, en una entrevista con Meganoticias, Kast admitió que fue él quien ordenó el traslado. “Ya se tomaron las medidas para sacar a los tres delincuentes comunes que estaban cumpliendo condena allí”, comentó. Al ser preguntado sobre si esta decisión fue una orden suya, el Jefe de Estado afirmó que “sí”, subrayando que está en sus atribuciones como presidente reorganizar las cárceles en Chile y separar a los presos de alta peligrosidad.
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Las reacciones no se hicieron esperar. La diputada Tatiana Urrutia (FA) criticó que el gobierno prometiera seguridad sin un plan claro, mientras que más de 100 mujeres embarazadas viven en la cárcel. “Kast se ocupa de devolver privilegios a los más terribles criminales que ha conocido Chile”, afirmó.
Por su parte, la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, también se unió a las críticas, señalando que el Presidente parece favorecer a sus amigos en Punta Peuco. “Chile no necesita cárceles con privilegios”, enfatizó en un mensaje en X. La diputada Lorena Fries (FA) sugirió que la decisión de Kast podría tener un trasfondo político, mientras que otros parlamentarios cuestionaron la falta de transparencia en la decisión del traslado.
El diputado Carlos Carvajal (PPD) reprochó que el gobierno había calificado el traslado como una decisión técnica, contradiciendo ahora al Presidente. “Los chilenos merecen un Gobierno que diga la verdad”, declaró. Esta situación ha suscitado un intenso debate sobre la política carcelaria del actual gobierno y sus implicaciones para los derechos humanos en el país.
