Tras 12 años en el Congreso, fue promulgada la nueva ley de inteligencia. Esta nueva normativa, que moderniza parte del Sistema de Inteligencia del Estado, establece que los agentes deberán someterse a narcotests y que la colaboración entre servicios como el SII, Aduanas y Gendarmería será obligatoria. Las operaciones intrusivas requerirán autorización de la Corte Suprema, lo que otorga un mayor control judicial sobre estas acciones.
La nueva Ley N° 21.821 será uno de los puntos destacados en la Cuenta Pública que el presidente José Antonio Kast presentará próximamente. Entre los cambios más significativos se encuentra la creación del cargo de Subdirector en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quien deberá tener al menos diez años de experiencia laboral y se encargará de coordinar las acciones de inteligencia en el país.
Además, la ley introduce la obligación de que diversas instituciones civiles colaboren con el Sistema de Inteligencia, aportando datos y análisis relevantes para la seguridad nacional. Estas entidades, como el Servicio Nacional de Aduanas y Gendarmería de Chile, deberán contar con unidades especializadas para cumplir con este deber legal.
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Una de las innovaciones más polémicas es la capacidad de la ANI para constituir sociedades civiles o comerciales, lo que podría servir para cubrir misiones encubiertas y proteger la identidad de sus funcionarios. Asimismo, se han actualizado los procedimientos para la obtención de información, permitiendo la interceptación de comunicaciones sin consentimiento del propietario en ciertos casos.
El control de las medidas intrusivas ahora recae en los ministros de la Corte Suprema, quienes deberán pronunciarse sobre las autorizaciones judiciales en un plazo de hasta cuarenta y ocho horas. Esta nueva legislación, según el presidente Kast, dotará al Estado de herramientas modernas para enfrentar desafíos como el terrorismo y el narcotráfico, mientras que la Contraloría General de la República mantendrá su papel de supervisión externa.
Por último, la ley también establece que todo el personal de la ANI deberá someterse a controles periódicos de drogas y se prohíbe su participación en actos políticos, incluso en entornos virtuales. Los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas deberán implementar auditorías internas para revisar las declaraciones de patrimonio e intereses de su personal, garantizando así un mayor control y transparencia en el sistema.
