Una asistente social fue formalizada por cohecho agravado después de ser sorprendida intentando ingresar dos celulares a un recinto penal. La mujer, que trabajaba en la Defensoría Penitenciaria Licitada, fue detenida por Gendarmería mientras trataba de ocultar los dispositivos en un cuaderno dentro de una carpeta.
La fiscal Johanna Irribarra explicó que la imputada, identificada solo por sus iniciales D.A.L.A., había estado recibiendo pagos a cambio de ingresar teléfonos a la cárcel, violando sus deberes como funcionaria pública. Desde abril, había estado en contacto con internos, lo que facilitó su accionar delictivo.
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Durante la formalización, se mencionó que había recibido 200 mil pesos por el ingreso de celulares para un recluso condenado, mientras que posteriormente su esposo recibió 300 mil pesos para que ella cumpliera con otro encargo similar. La detección de estos actos ilícitos ocurrió el 26 de mayo, cuando fue interceptada por los gendarmes.
La fiscal presentó evidencia de que existían “claros indicios de que hubo pagos para la entrega de celulares, al menos tres”, enfatizando que la asistente social había creado un esquema para facilitar el ingreso de estos dispositivos. La audiencia terminó con la decisión del juez Ignacio Low de imponer prisión preventiva a la imputada, quien también enfrenta antecedentes por un delito de hurto.
Este caso ha generado gran preocupación en el ámbito penitenciario, al evidenciar la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad y el riesgo asociado a la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la rehabilitación de reclusos. La fiscal destacó que la profesional había abusado de su posición, confiando en no ser descubierta, aunque el interno involucrado guardaba pruebas de las transacciones realizadas.
