El gobierno ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por posibles irregularidades en los pagos realizados por Junaeb a la empresa Soser S.A. La denuncia se centra en un contrato de $14 mil millones que la empresa cobró por la entrega de alimentación a escolares en la Región de O’Higgins, donde el precio por cada once alcanzaba los $8.680. La situación ha puesto en el foco al ex jefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, quien, tras modificar el contrato, ahora trabaja como asesor de Soser.
El director de Junaeb, Fernando Peña, se reunió con el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción y presentó detalles sobre la denuncia. Según Peña, durante la administración anterior, liderada por Camila Rubio, se realizó una modificación del contrato que favoreció a Soser S.A. sin la debida supervisión de Contraloría, lo que compromete el patrimonio institucional. Entre 2021 y 2023, la empresa recibió $14 mil millones, a pesar de que se han reportado múltiples casos donde los productos no fueron entregados.
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Además, el presidente José Antonio Kast ha instruido a Peña a llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto, asegurando que se tomarán medidas severas. La denuncia ante la Fiscalía es la primera acción judicial derivada de una auditoría interna en Junaeb, que ha sido catalogada como organismo de máxima alerta debido a las irregularidades detectadas.
La trama se complica al considerar el rol de Layseca, quien aprobó la contratación de la empresa que diseñó la licitación y posteriormente dio el visto bueno a la modificación del contrato. Layseca, quien ha trabajado en diversas instituciones gubernamentales desde su paso por Junaeb, ha defendido su decisión, argumentando que no existe conflicto de interés ya que han pasado años desde su salida del servicio. Sin embargo, las circunstancias de su contratación por Soser han generado controversia y dudas sobre la transparencia del proceso.
Según información de Junaeb, la licitación de 2020, que se realizó durante el gobierno de Piñera, no estableció bandas de precios para los oferentes, lo que permitió a Soser ofertar precios desproporcionados para las onces escolares. Este incremento en los costos ha suscitado inquietudes sobre el manejo de recursos públicos y el impacto de estas decisiones en la comunidad educativa.
