La Contraloría General de la República se pronunció sobre el caso del empresario argentino Jorge Becerra, quien adquirió hace casi una década un terreno fronterizo en Futaleufú. Este episodio ha generado controversia, ya que la ley prohíbe, salvo autorización especial, a nacionales de países limítrofes adquirir bienes raíces situados en zonas fronterizas, argumentando razones de interés nacional.
El caso se volvió aún más relevante al estar próximo a la prescripción, lo que llevó a que el Consejo de Defensa del Estado interviniera. El senador Fidel Espinoza (PS) solicitó a inicios de mayo que se tomaran medidas, así como el presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, Enrique Lee (IND), quien hizo lo propio a fines de abril.
Las partes involucradas incluyen al empresario chileno Antonio Carracedo, quien vendió 260 hectáreas de Futaleufú a tres ciudadanos con nacionalidades española, italiana y argentina. Sin embargo, esta última fue omitida en el trámite notarial, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de la transacción.
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La Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, determinó que el 50% de la propiedad pertenece a Rumbo Sur SPA y la otra mitad a Inversiones Talavera. Se descubrió que, aunque Becerra posee solo el 16% de la sociedad, su participación, junto con la de otra integrante con nacionalidad argentina y española, María del Carmen Taschetti, suma el 32%, manteniéndose dentro del límite legal.
Sin embargo, lo que ha generado preocupación es la declaración del abogado de Rumbo Sur, Gustavo Ortiz, quien afirmó que el control de la empresa no estaba en manos de ciudadanos de países limítrofes. La Contraloría remitió esta información al Ministerio Público y a otras instituciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de las normas.
La Contraloría advirtió sobre el riesgo de que ciudadanos de países extranjeros limítrofes, con más de una nacionalidad, omitan información que configure prohibiciones legales. Esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles para evitar futuras irregularidades en la adquisición de terrenos en zonas fronterizas.
