La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha determinado que el caso Democracia Viva debe trasladarse a Santiago para su continuación. Esta decisión se produce tras revocar la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la solicitud de incompetencia de las defensas de Daniel Andrade y Catalina Pérez, ambos acusados en este caso vinculado al caso Convenios.
El tribunal, conformado por el ministro Jaime Rojas, la fiscal judicial María Teresa Quiroz y el abogado integrante Fernando Orellana, desestimó los argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Estos sostenían que la ejecución de los delitos ocurría en Antofagasta, donde se firmaron los convenios entre la ONG y la Seremi de Vivienda, liderada por Carlos Contreras.
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Sin embargo, la corte argumentó que la base de los hechos investigados se remonta a la fecha y lugar de la firma del contrato de arrendamiento del departamento utilizado para constituir la fundación, que se sitúa en Ñuñoa. Por lo tanto, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago será el encargado de continuar con la indagatoria a cargo del fiscal regional Juan Castro Bekios.
Esta decisión traerá como consecuencia el aplazamiento del juicio oral contra los imputados. El Octavo Juzgado deberá analizar si acepta la competencia, y en caso de no hacerlo, la Corte Suprema intervendrá. Los abogados de los acusados manifestaron su satisfacción con el fallo y se muestran expectantes sobre la continuación del proceso.
