Marcelo Moya Vidal, de 41 años, se convirtió en uno de los pedófilos más peligrosos de Chile tras su detención en 2016. Condenado por pornografía infantil y abuso sexual, Moya ha sorprendido al país al obtener un puntaje nacional en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025 mientras cumple una condena de 12 años de cárcel. Su historia ha generado un amplio debate sobre el acceso a la educación en prisión.
La detención de Moya se produjo después de una alerta internacional de Interpol en 2014, que detectó actividad sospechosa desde una dirección IP en Chile. Al ser abordado por la policía, Moya reconoció los hechos y entregó dispositivos que contenían más de 50 mil archivos de pornografía infantil. Su condena se extenderá hasta el 28 de octubre de 2029.
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A pesar de su situación legal, Moya ha decidido retomar sus estudios. En 2025, logró un puntaje nacional en la PAES y ha solicitado a Gendarmería acceso controlado a internet para continuar su formación en Ingeniería. Inicialmente, su solicitud fue desestimada debido a la falta de infraestructura en el penal.
Sin embargo, tras presentar un recurso de protección, la Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado que Moya tiene derecho a la educación, ordenando a Gendarmería que facilite los medios necesarios para que pueda estudiar desde la cárcel. Su abogado ha garantizado que el acceso a internet será supervisado y limitado a plataformas educativas autorizadas. Este caso plantea cuestionamientos sobre los derechos de los internos y el equilibrio entre la justicia y la educación.