La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado por unanimidad un proyecto que extiende el plazo para implementar la ley de seguridad privada. Este cambio se produce ante la incapacidad de bancos y otras entidades para cumplir con las nuevas exigencias establecidas en la normativa vigente, que originalmente debía ser aplicada hasta el 28 de mayo de 2026.
La prórroga, que se extiende por un año, responde a problemas técnicos y a una falta de capacidad estatal. La ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, advirtió sobre un posible colapso del sistema si no se aprobaba esta extensión, señalando que solo el 5% de las entidades obligadas había presentado los estudios de seguridad requeridos, y que más de 35 mil guardias esperan renovar sus permisos.
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Durante la discusión, se mencionó que los servicios, como los bancos y empresas de transporte de valores, deben presentar nuevos estudios de seguridad que cumplan con la nueva legislación, y que estos deben ser específicos por sucursal o instalación. Adicionalmente, hay un retraso en la implementación de una plataforma informática que centralizaría los procesos de autorización y gestión de la seguridad privada.
El informe del proyecto fue presentado por el diputado Jaime Coloma, quien destacó que la mayoría de las intervenciones coincidieron en que la prórroga es una respuesta a la crítica situación del sistema de seguridad privada. Sin embargo, varios legisladores también advirtieron que los problemas de implementación se arrastran desde el gobierno anterior, lo que pone de relieve la falta de capacidad del Estado para gestionar adecuadamente esta normativa.
