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Gobierno impulsa nuevas facultades para FF.AA. y proyecto de reparación

El gobierno busca ampliar funciones de FF.AA. en la Macrozona Sur y activar proyecto de reparación de víctimas.

Durante la sesión de este lunes en la Cámara, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el gobierno buscará que los efectivos militares puedan realizar controles de identidad, registros de vestimentas y vehículos, así como detenciones en flagrancia mientras rija la medida constitucional. Este anuncio se produce en el contexto de una nueva discusión para prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur, donde se ha evidenciado una disminución del 80% en los eventos de violencia desde su implementación.

El ministro Alvarado defendió la continuidad del estado de excepción en Biobío y La Araucanía, argumentando que ha traído resultados concretos. “Hoy día podemos decir que del peak de eventos del año 2023 a la fecha hay una disminución de un 80%”, sostuvo. De acuerdo con sus datos, se ha pasado de 550 eventos a 116, y de estos a 111 en el periodo más reciente.

Asimismo, el gobierno ingresó un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del estado de excepción constitucional, permitiendo que las Fuerzas Armadas realicen controles de identidad preventivos, registros de vestimentas, equipaje y vehículos, además de efectuar detenciones en flagrancia. Además, Alvarado mencionó la posibilidad de establecer un mando militar unificado para toda la Macrozona Sur.

En paralelo, el ministro también abordó las medidas de apoyo a las víctimas del conflicto, confirmando que se buscará reactivar el proyecto de ley de reparación ingresado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Este proyecto establece un marco legal para el reconocimiento y reparación de víctimas de violencia en el contexto del conflicto intercultural y territorial en el sur del país.

El proyecto propone la creación de una comisión encargada de calificar la condición de víctima, un programa de atención y un catastro oficial para registrar a quienes sean reconocidos. Alvarado también se comprometió a mantener el presupuesto aprobado en 2025, destinado en gran parte a la reactivación económica de las familias afectadas por la violencia.

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