La agresión al diputado Javier Olivares tras la controversia por vestir una capa similar a la de Augusto Pinochet ha reabierto el debate sobre los proyectos destinados a sancionar el negacionismo de crímenes de la dictadura en Chile. El incidente ocurrió durante un evento en Olmué, donde dos individuos fueron formalizados por la agresión, la cual está bajo investigación.
El parlamentario, que se presentó en el Congreso con la capa, fue increpado por la diputada Lorena Pizarro (PC), presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Su partido, el Partido de la Gente (PDG), defendió su derecho a expresarse a través de su vestimenta, a pesar de la polémica que generó la situación.
Más allá de la controversia, el hecho ha reavivado la discusión sobre la necesidad de contar con una ley que sancione el negacionismo. Diversos parlamentarios han presentado proyectos para penalizar la negación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, con un total de 19 mociones registradas en el portal legislativo del Senado entre 2018 y 2025.
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Uno de los últimos proyectos fue presentado en julio de 2025 por un grupo de diputados, incluyendo a la exdiputada Karol Cariola (PC), actualmente senadora. Sin embargo, este sigue estancado en su primer trámite constitucional, y sus promotores han señalado que la resistencia a condenar la dictadura es un obstáculo para su avance. Se argumenta que cada intento de legislar sobre el negacionismo se enfrenta a defensas de la libertad de expresión que, en la práctica, protegen la impunidad simbólica.
El diputado Olivares ha expresado su preocupación, indicando que la creación de esta ley podría limitar la libertad de opinión y expresión. Según él, el debate debe centrarse en cómo sería definida y aplicada la ley, cuestionando si se sancionaría a quienes expresan opiniones sobre el gobierno militar que no se alineen con una interpretación única y oficial de la historia.
Finalmente, Olivares concluyó que no apoyará iniciativas que puedan convertirse en herramientas para limitar la libertad de pensamiento en democracia, enfatizando que la discusión sobre violaciones a los derechos humanos no puede ser confundida con la censura de opiniones históricas.
