El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó ha condenado a Francisco Enrique Sánchez Barrera, exsubgerente general de la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, a cuatro años de presidio efectivo y al pago de una multa de 25 UTM por el delito de estafa. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2018, durante los cuales Sánchez implementó un sistema para desviar recursos de la empresa hacia fines personales, con la colaboración de un cómplice, Rodrigo Andrés Albornoz Encalada, quien fue condenado a dos años de presidio con remisión condicional y al pago de una multa de 12 UTM.
Según la sentencia, Sánchez utilizó varios mecanismos para llevar a cabo estas maniobras, que incluyeron la contratación de servicios publicitarios a través de empresas vinculadas a él, como Gestión y Comunicaciones San Lorenzo Limitada, conocida como Atacama Viva. Los proveedores de la minera eran condicionados a contratar estos servicios para mantener sus contratos, lo que genera un conflicto de interés.
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Adicionalmente, se determinó que se incorporaron gastos personales como costos operacionales de la minera. Estos gastos incluían pagos asociados a obras en la residencia del condenado, compras particulares y servicios domésticos. Proveedores como Transportes Oviedo y Bruno Delpero y Cía. Limitada fueron utilizados para cargar a la empresa gastos ajenos a la actividad minera.
El tribunal evidenció que las maniobras provocaron un perjuicio patrimonial a Atacama Kozan por un total de $218.603.362. La investigación detalló cómo Albornoz Encalada trasladó contablemente los desembolsos a distintas cuentas, especialmente a “Obras en Construcción”, para ocultar déficits y aparentar utilidades. Este caso no solo afecta a la empresa, sino que también revela una grave falta de ética en la gestión de recursos públicos y privados.
