La seguridad no puede seguir siendo utilizada como arma de desgaste mutuo. Hay temas donde la derrota del gobierno termina siendo la derrota de todos, porque cuando el crimen organizado avanza, no pregunta por la ideología de sus víctimas.
Chile se encuentra en un momento crítico donde la política debe decidir si continuará como una disputa de facciones o si podrá ser, aunque sea por un instante, una forma superior de responsabilidad colectiva. Las recientes declaraciones de la Ministra de Seguridad han abierto un debate necesario, pero sería un error reducirlo a la habitual caricatura de gobierno incompetente versus oposición indignada.
El país ha estado lidiando con un fenómeno que ninguna generación política contemporánea ha comprendido a tiempo. Mientras discutíamos identidades y relatos, el crimen organizado aprendía a operar y controlar territorios. Así, el país ha pasado de temer a la delincuencia, a temer por la erosión del orden civil.

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La actual situación revela que Chile aún no ha construido una doctrina nacional de seguridad democrática para el siglo XXI. La seguridad moderna no puede limitarse a más patrullas o cárceles. Un Estado serio entiende que la seguridad es una condición de la libertad, no su negación. La falta de un verdadero plan nacional de seguridad ciudadana es preocupante y necesita ser abordada con urgencia.
Es fundamental establecer un acuerdo nacional de seguridad que sobreviva a los gobiernos, un pacto institucional y técnico que no cambie cada cuatro años. Esto implicaría una inteligencia moderna y coordinación entre diversas instituciones, así como la recuperación del territorio y la autoridad del Estado en barrios críticos. La modernización de las policías es crucial para mantener una democracia estable.
Asimismo, es necesario reconocer que la crisis de seguridad es también una crisis cultural. Un país que relativiza la autoridad termina dejando vacante el espacio que ocupan el miedo y la violencia. La seguridad no puede ser un tema de desgaste político; se debe construir una comunidad política con un destino compartido para recuperar la soberanía interior del país.

