El gobierno argentino ha presentado el Gemelo Digital Social, una innovadora herramienta de inteligencia artificial destinada a diseñar políticas públicas. Según fuentes oficiales, esta tecnología transformará datos en predicciones que ayudarán a anticipar el impacto de dichas políticas. El presidente Javier Milei ha calificado este avance como un hito mundial, aunque ha suscitado preocupaciones en la oposición y entre expertos en tecnología sobre la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.
El concepto de gemelo digital se refiere a una réplica virtual de un sistema real que utiliza datos para simular diferentes escenarios. Originalmente desarrollado por la NASA en los años 60, el uso de esta tecnología se ha expandido a diversas industrias. El gobierno argentino planea aplicar este enfoque para modelar el comportamiento de los ciudadanos, analizando información social, educativa y laboral con el fin de optimizar la implementación de políticas sociales.
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Sin embargo, el lanzamiento ha sido criticado por la falta de información concreta. En la presentación, el Ministerio de Tecnología delineó cuatro etapas de implementación, pero no se especificaron detalles clave, como las bases de datos que alimentarán el modelo o el marco legal en el que operará. Para el experto en derecho y tecnología Javier Pallero, el anuncio carece de entusiasmo, ya que no se han proporcionado fechas ni presupuestos claros.
La visita reciente de Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, ha generado aún más inquietudes. Aunque no se menciona directamente a la empresa en el anuncio, el lenguaje utilizado es similar al de su catálogo, lo que ha llevado a expertos a exigir aclaraciones sobre la posible relación. La Fundación Vía Libre ha elevado un pedido de acceso a la información al Ministerio, pidiendo la publicación de los datos que se utilizarán y el contrato con el proveedor tecnológico.
Los riesgos asociados a la implementación de esta IA son variados. Desde la posibilidad de scoring social, donde las personas son clasificadas según puntajes que determinan su acceso a derechos, hasta la automatización de decisiones sin revisión humana. Este contexto se complica aún más con una ley de protección de datos que es considerada obsoleta, lo que podría poner en peligro la privacidad de los ciudadanos. Ante estos desafíos, la oposición ha solicitado informes en el Congreso y la sociedad civil ha exigido un debate abierto sobre el uso de estas tecnologías.
