Un reciente informe de Gendarmería ha puesto al descubierto serias fallas de seguridad en el módulo 88 del penal Santiago 1. Durante una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se detallaron las condiciones deplorables de dicha área, en medio de un plan gubernamental para ampliar la cárcel. Entre las deficiencias encontradas se mencionan puertas de celdas sin acrílico central, luminarias dañadas y cámaras de seguridad destruidas, lo que agrava la situación de un penal ya marcado por la corrupción y otros problemas.
El documento, que abarca 11 páginas, destaca que el módulo 88 alberga actualmente aproximadamente 80 internos, superando su capacidad estructural de 50 celdas individuales. Esta sobrepoblación ha generado condiciones de hacinamiento y ha hecho necesario implementar medidas de control más estrictas. Además, se reportaron casos de escabiosis y tuberculosis entre los internos, lo que plantea serios riesgos sanitarios.
Las familias mosaico existían hace más de 5.000 años en Europa
En la audiencia, el juez Patricio Álvarez ordenó el traslado de los 83 internos del módulo 88 a otros sectores del penal, en respuesta a un recurso presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Este organismo había realizado visitas al penal, donde constató las deficientes condiciones de habitabilidad y los presuntos maltratos sufridos por los internos.
El informe de Gendarmería también menciona la existencia de puntos ciegos en las áreas comunes del módulo, lo que aumenta el riesgo para la seguridad de los internos y funcionarios. Las condiciones de salubridad son preocupantes, con un brote de sarna detectado recientemente. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha indicado que se están tomando medidas para abordar la situación en las unidades penales del país, tras una serie de allanamientos realizados en diversas cárceles.
Este informe se produce en un contexto donde la seguridad penitenciaria es un tema crítico, y las condiciones de vida de los internos siguen siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades como para los organismos de derechos humanos.
