El jueves 16 de abril, el gobierno de Chile realizó su primer operativo de expulsión masiva de migrantes. Este operativo, coordinado por la Subsecretaría del Interior y el Servicio de Migraciones junto a diversas fuerzas de seguridad, resultó en la salida de 40 extranjeros que contaban con órdenes administrativas y judiciales. La noticia fue ampliamente divulgada por el Ejecutivo, reflejando el compromiso del Presidente José Antonio Kast de expulsar a todos los migrantes irregulares o con antecedentes en el país.
A pesar de las promesas realizadas, la oposición ha señalado que las cifras de expulsiones incluyen a migrantes que abandonaron Chile de manera voluntaria. Según fuentes de La Tercera, el 70,6% de los casos reportados entre el 11 de marzo y el 18 de mayo corresponden a expulsiones forzadas, mientras que el resto son personas que se presentaron por su cuenta para salir del país. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la veracidad de los datos, sugiriendo que podrían estar “inflados”.
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Durante este periodo, se registraron un total de 395 personas que dejaron el país bajo órdenes de expulsión, de las cuales 279 fueron expulsiones forzadas. Los métodos de expulsión incluyeron vuelos comerciales y de la Fuerza Aérea, así como salidas terrestres. La mayoría de los expulsados proviene de Colombia, Venezuela y Bolivia, con un notable aumento del 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior bajo la administración de Gabriel Boric.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que el gobierno está comprometido en llevar a cabo más expulsiones. Entre las estrategias a seguir, se destaca la necesidad de restablecer relaciones con Venezuela, la aprobación de nuevas medidas para identificar a migrantes irregulares y la asignación de más recursos para este proceso. Pavez enfatizó que “aquí no hay ninguna metáfora”, reafirmando la voluntad política del gobierno para ejecutar todas las expulsiones posibles.
