Una querella presentada por la Fundación Greenpeace Pacífico Sur ha desencadenado una investigación penal en torno al proyecto minero-portuario Dominga. La acción fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se centra en posibles delitos de cohecho agravado y revelación de secretos. La querella, patrocinada por el abogado Mauricio Daza, apunta a los vínculos económicos entre Andes Iron y el estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, así como a la intervención del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.
Greenpeace sostiene que Andes Iron realizó pagos que superan los $255 millones al estudio jurídico en cuestión durante 2023. Según el documento judicial, estos depósitos, que comenzaron en marzo, se regularizaron mensualmente con montos cercanos a los $22 millones de pesos chilenos. La organización ambiental asegura que la explicación de Andes Iron sobre una supuesta asesoría jurídica no es creíble y que los informes del estudio replican información pública, lo que sugiere una posible justificación mendaz para encubrir la entrega de beneficios económicos.
El foco de la querella también se centra en Jean Pierre Matus, quien supuestamente mantenía relaciones profesionales y personales con el estudio jurídico que recibió los pagos. Greenpeace destaca que la cónyuge del ministro, María Cecilia Ramírez, formaba parte del equipo del estudio durante los pagos. Además, se menciona que existen transferencias de dinero del ministro a uno de los abogados del estudio, lo que podría indicar un vínculo de confianza y conocimiento sobre la relación entre Andes Iron y el estudio.
La querella también incluye declaraciones de Eduardo Lagos, quien reconoció que tanto él como el ministro Matus y su esposa colaboraron con el estudio jurídico. Greenpeace argumenta que estos hechos podrían estar relacionados con delitos de cohecho agravado y solicita diligencias para obtener información adicional sobre los contratos y antecedentes tributarios de Andes Iron. En respuesta, la empresa ha calificado la querella como infundada y un intento de Greenpeace para obstaculizar el desarrollo del proyecto minero.
