Las protestas en Bolivia han escalado en las últimas semanas, comenzando como un levantamiento sectorial en contra de la reducción del subsidio al combustible. Este descontento se ha expandido a diversos gremios industriales, quienes critican la situación económica y política del país. Según la politóloga María Teresa Zegada, “la conflictividad se ha centrado en la sede de gobierno, que está asediada por todos los puntos de comunicación con el resto del país”.
A pesar de que el Gobierno ha establecido diálogos y acuerdos con algunos sectores, la violencia persiste, especialmente entre los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz. Las manifestaciones, que comenzaron a inicios de mayo, han congregado a gremios mineros, transportistas y campesinos, quienes presionan al Gobierno para que revierta las medidas de austeridad.
El Niño se anticipa: NOAA prevé un fenómeno intenso para 2026
La situación se ha agravado con disturbios en las calles. El lunes, enfrentamientos entre manifestantes y la policía resultaron en el saqueo de comercios y daños a edificios gubernamentales, lo que llevó a la suspensión temporal de servicios por parte de la empresa estatal Mi Teleférico. La violencia ha dejado un saldo de tres muertes, incluyendo a pacientes que no pudieron acceder a atención médica.
La escasez de alimentos y combustible se ha vuelto crítica en La Paz, donde los bloqueos de carreteras han dejado varados a 5,000 camiones. Las autoridades han intentado mitigar el desabastecimiento utilizando aviones de carga y apoyo militar, pero las pérdidas económicas superan los 50 millones de dólares diarios. La situación ha llevado a algunos gobernadores a exigir al presidente que declare el estado de excepción, mientras que la presión social se intensifica.
Finalmente, el presidente Paz se mantiene firme en su postura de mano dura contra las protestas, a pesar de las críticas internas en su gobierno. El escenario es complejo, con un equilibrio difícil entre abrir corredores humanitarios y evitar una mayor reacción social. La politóloga Zegada advierte que “se puede abrir un escenario muy crítico de enfrentamiento entre la sociedad civil que puede derivar en escenarios de violencia”.
