Marcelo Moya, un interno condenado por delitos de pornografía infantil y abuso sexual, ha logrado que la Corte de Apelaciones ordene a Gendarmería habilitarle acceso restringido a internet para estudiar desde la cárcel. Moya, quien cumple una condena de 12 años, obtuvo puntaje nacional en la PAES 2025 y busca continuar su educación en el campo de la ingeniería.
El caso de Moya se remonta a 2014, cuando fue detenido tras una alerta internacional emitida desde Alemania. Interpol detectó que desde una dirección IP en Chile se descargaba material de explotación sexual infantil. Al ser abordado por las autoridades, Moya reconoció los hechos y entregó dispositivos donde almacenaba los archivos.
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A pesar de su condena, Moya decidió retomar sus estudios y, tras obtener un puntaje destacado en la PAES, solicitó a Gendarmería acceso a un computador e internet controlado. Sin embargo, la institución inicialmente se negó, citando preocupaciones sobre el uso indebido de internet, así como la falta de infraestructura adecuada.
Después de una batalla legal, la Corte de Apelaciones concluyó que, a pesar de estar privado de libertad, Moya tiene el derecho a la educación. El tribunal ordenó a Gendarmería que le proporcionara un espacio físico, un computador y acceso a internet, todo bajo estricta supervisión. Este fallo establece que las dificultades técnicas presentadas por Gendarmería son superables y que negar el acceso vulnera derechos establecidos en tratados internacionales.
El abogado defensor de Moya, Ricardo Bravo Cornejo, argumentó que el acceso sería completamente supervisado y limitado a plataformas educativas. La resolución no solo busca facilitar la educación del condenado, sino también contribuir a su reintegración a la sociedad tras cumplir su condena, enfatizando que el sistema penal debe ofrecer oportunidades de formación y capacitación.
