El Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) ha decidido remover a tres altos funcionarios denunciados por vender servicios al extranjero a través de contratos con sociedades. Los afectados son Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional; Esteban Paiva Jara, jefe del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.
La decisión se tomó tras un sumario liderado por la ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, quien también formuló cargos y remitió los antecedentes al Ministerio Público por una posible negociación incompatible. Este proceso penal avanza de manera paralela y está a cargo de Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.

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Las investigaciones sugieren que los funcionarios pudieron haber utilizado sus conocimientos adquiridos en el Poder Judicial para ofrecer servicios en el extranjero, lo que ha generado gran preocupación en la Corte Suprema. La denuncia anónima que dio inicio a este caso fue presentada el 20 de octubre de 2025, y la gravedad de los hechos llevó a que el Consejo Superior instruyera una investigación disciplinaria.
A pesar de la propuesta inicial de sanciones menores por parte de Gajardo, el Consejo decidió respaldar la expulsión de Lara y abrir un cuaderno de remoción contra Cabezas y Paiva. Además, se ha iniciado un sumario administrativo contra la esposa de Mario Lara, la abogada Carolina Cáceres, por su posible implicación en este caso. Los tres funcionarios han declarado su intención de apelar y defender su inocencia, argumentando que no han transgredido norma alguna y que su trabajo consistió en labores de capacitación y generación de informes técnicos.
Por su parte, los investigados sostienen que el proceso administrativo vulneró las normas internas del Poder Judicial y el debido proceso, y que las acusaciones en su contra no han sido acreditadas. La situación sigue en desarrollo y los afectados confían en que el Pleno de la Corte Suprema restaurará sus derechos.

