La exvocera de Gobierno Camila Vallejo enfrenta cuestionamientos por omitir a su suegra y parte de sus cuñados en sus declaraciones patrimoniales, mientras una sociedad médica vinculada a su familia política recibió más de $1.209 millones en contratos públicos durante el gobierno de Gabriel Boric.
Según el medio Líbero, las declaraciones de Vallejo no incluían a su suegra ni a todos sus cuñados, a pesar de que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública establece que las autoridades deben informar a sus parientes por afinidad hasta segundo grado, lo que incluye suegros y cuñados.
La exministra sí declaró a sus padres, hijos, hermanos, cónyuge y a uno de sus cuñados. Sin embargo, dejó en blanco el apartado denominado “Otras fuentes de conflicto de intereses”. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia en la función pública.
Investigación revela inflamiento del volcán Laguna del Maule sin erupción
La investigación destaca que la sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, actualmente integrada por Andrea San Martín Palma —suegra de Vallejo— y otros familiares, ha recibido órdenes de compra por más de $2.156 millones entre 2011 y 2026, de los cuales $1.209 millones corresponden al período del gobierno de Boric.
Además, se menciona que Abel Zicavo, esposo de Vallejo, participó en la propiedad de la sociedad hasta 2018, año en que vendió sus acciones. A pesar de que se realizaron rectificaciones en la declaración patrimonial, críticos sostienen que las omisiones son significativas y no meramente formales, ya que buscan prevenir conflictos de interés en autoridades públicas.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, enfatizó que las declaraciones patrimoniales son esenciales para asegurar la transparencia en la función pública y permitir el control de posibles conflictos de interés.
