Más de 33 mil guardias y vigilantes de seguridad privada podrían quedar sin empleo debido a demoras en los trámites de acreditación exigidos por la nueva Ley de Seguridad Privada. Este proceso debe completarse antes del 28 de mayo, y actualmente solo una fracción de los trabajadores han logrado regularizar su situación. La normativa busca mejorar la calidad del servicio en un sector que emplea a más de 300 mil personas en el país, que laboran en diversos ámbitos como bancos, hospitales y eventos masivos.
El problema ha sido reconocido por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana Victoria, quien indicó que muchos trabajadores no han podido completar los trámites necesarios por fallos operativos en la plataforma y en los sistemas de acreditación. Hasta ahora, solo tres de 3,700 empresas han logrado subir sus estudios de seguridad, lo que ha generado un cuello de botella en el proceso de certificación.
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Desde la Cámara Nacional de Seguridad Privada, se han expresado preocupaciones sobre la capacidad operativa para realizar las evaluaciones requeridas. Aldo Vidal, representante del gremio, señaló que las oficinas de OS-10 de Carabineros están desbordadas, con equipos limitados para llevar a cabo las pruebas necesarias. Esto ha llevado a una situación crítica, donde existe el riesgo de que miles de trabajadores queden impedidos de ejercer sus funciones a partir de fines de mayo.
Ante esta situación, el Gobierno ha presentado una ley corta para extender el período de acreditación y evitar una salida masiva de trabajadores del sistema. La iniciativa ya se encuentra en tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Si no se aprueba a tiempo, la preocupación es que más de 33 mil personas queden sin trabajo, lo que afectaría no solo a los empleados, sino también a la seguridad en diversos recintos públicos y privados.
