Estados Unidos ha propuesto imponer un arancel del 12,5% a Chile y a otros 60 países debido a la falta de acción contra el trabajo forzoso. Esta medida se deriva de una investigación que comenzó en marzo, donde se evaluaron las prácticas comerciales de estos países en relación con el trabajo forzoso. Según la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR), Chile es parte de un grupo que no ha logrado prohibir efectivamente la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.
El nuevo arancel sería un incremento respecto al 10% temporal impuesto anteriormente por la administración de Donald Trump, tras la invalidación de gran parte de los aranceles durante el llamado Día de la Liberación. La propuesta se encuentra actualmente en una etapa de consulta pública, lo que significa que las autoridades chilenas han estado activas en las conversaciones y continuarán dialogando con sus contrapartes estadounidenses.
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La USTR ha afirmado que la definición de trabajo forzoso incluye “todo trabajo o servicio que se exija a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por su incumplimiento”. En su reporte, se señala que los actos y políticas de Chile relacionadas con el incumplimiento de las prohibiciones de importación son considerados como irrazonables y generan una carga para el comercio estadounidense.
En respuesta a estas acusaciones, el canciller Francisco Pérez Mackenna ha defendido que el Tratado de Libre Comercio con EEUU sigue vigente y que Chile está comprometido a trabajar para resguardar sus intereses y del sector exportador nacional. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ha reiterado que se ha participado activamente en todas las instancias de la investigación, alineando sus esfuerzos con los estándares de la Organización Mundial del Trabajo.
