Claudio Orrego ha logrado un sobreseimiento definitivo en el caso ProCultura, donde el Ministerio Público no pudo sostener las imputaciones en su contra, lo que lo deja libre de cualquier responsabilidad penal. Sin embargo, la situación se complica a nivel administrativo, ya que la Contraloría General de la República ha avanzado en su investigación sobre el uso de recursos públicos en el Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM).
El informe final de la Contraloría revela irregularidades significativas en las contrataciones directas realizadas sin el respaldo adecuado, el uso de redes personales para fines institucionales, y la exposición de la imagen del gobernador en un contexto electoral. A pesar de los intentos de Orrego por revertir las observaciones, el organismo contralor ha ratificado todas las irregularidades detectadas.
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Entre los puntos críticos se destaca que las contrataciones directas superaron los $51 millones y no existieron justificaciones suficientes para omitir otros proveedores. Además, el informe señala que el contenido oficial del GORE fue publicado inicialmente en cuentas personales del gobernador y luego replicado en canales institucionales, lo cual no se ajusta a la normativa vigente.
Otra de las irregularidades se refiere a la reiterada exposición de la imagen de Orrego en comunicaciones oficiales, lo que podría constituir una infracción a los principios de probidad. La Contraloría también cuestiona las asesorías contratadas por el GORE, que en al menos 16 sesiones abordaron temas relacionados con la campaña electoral, alejándose de las funciones públicas.
Finalmente, la decisión de la Contraloría de mantener sus observaciones y no aceptar los argumentos del GORE deja a Orrego frente a un posible requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde se busca su eventual destitución por notable abandono de deberes.
