Xavier León Anchustegui, ex vicepresidente del banco chavista BANDES, ha sido detenido por su implicación en el escándalo de corrupción más grande en Venezuela en dos décadas, conocido como el caso ‘PDVSA-Cripto’. Este caso investiga el desvío de hasta 16.900 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo estatal. León Anchustegui había firmado un contrato con la sociedad offshore del testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, lo que ha generado graves implicaciones legales para ambos.
El contrato, fechado el 18 de diciembre de 2020, establece que BANDES se compromete a recuperar fondos depositados en una gestora financiera en Abu Dabi, a cambio de una comisión del 8,75% de los fondos recuperados. Este acuerdo ha sido intervenido por la UDEF, revelando la conexión directa entre León Anchustegui y la trama de corrupción que involucra a numerosas figuras del gobierno chavista.
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El caso PDVSA-Cripto se centra en el intercambio de petróleo por criptomonedas entre 2019 y 2022, diseñado para eludir sanciones internacionales. Las investigaciones apuntan a que las divisas obtenidas se canalizaron a través de 74 sociedades mercantiles. En la actualidad, el juicio se lleva a cabo en el Palacio de Justicia de Caracas con 64 imputados, incluyendo a figuras prominentes como Tareck El Aissami y Simón Zerpa.
Además, la coincidencia de fechas entre el contrato firmado por León Anchustegui y un acuerdo de pago de la aerolínea Plus Ultra ha llevado a los investigadores a sospechar de un posible entramado de corrupción que involucra a Zapatero. A raíz de esto, la Audiencia Nacional española está investigando si el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra fue el resultado de una intervención ilícita.
La detención de León Anchustegui, junto a otros altos cargos, subraya la magnitud de la corrupción en el régimen de Nicolás Maduro y la complejidad de los vínculos entre figuras políticas venezolanas y españolas. Este caso no solo pone en entredicho la integridad de las instituciones venezolanas, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de aquellos que han estado involucrados en la gestión de fondos públicos.
