El reciente anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre el “Plan de Retorno Voluntario” para migrantes irregulares ha desatado una serie de controversias y confusiones entre las autoridades del gobierno. Durante su Cuenta Pública, Kast presentó la iniciativa que busca incentivar a los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados a salir del país de manera regular. Sin embargo, las declaraciones posteriores del ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre una posible extensión del plazo de retención a 180 días sorprendieron, incluso, al director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien no estaba al tanto de la propuesta. Arrau mencionó que el gobierno planea presentar un proyecto de ley que permitiría retener a migrantes que hayan cometido delitos menores por un plazo considerablemente mayor al actual de cinco días. Este anuncio ha generado confusión, ya que no se especificó si el proyecto se refería únicamente a los migrantes que cometen delitos o a todos aquellos en situación irregular. Según Arrau, la intención es enviar un mensaje claro de que “las personas que estén en Chile no vengan a delinquir”. El ministro secretario general de la Presidencia, José García, apoyó las palabras de Arrau, afirmando que el plazo de cinco días es “insuficiente” para realizar los trámites necesarios. En su intervención, García argumentó que en muchos países europeos los plazos de retención son de hasta 180 días, justificando así la propuesta del gobierno. Sin embargo, él mismo contradijo a Arrau al aclarar que el proyecto también abarcaría a quienes ingresan irregularmente al país. La situación se complicó aún más cuando Sauerbaum, en declaraciones a la prensa, indicó que no tenía conocimiento de un proyecto que contemplara un plazo de retención de 180 días, desmintiendo así la información proporcionada por Arrau y García. Actualmente, el Senado discute un proyecto que propone aumentar el tiempo de retención de migrantes que cometen delitos de cinco a diez días, lejos de los 180 días mencionados por los ministros. Este enredo legislativo pone de manifiesto la falta de coordinación y comunicación dentro del gobierno en un tema tan sensible como la migración.
