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Claudio Orrego sobreseído en caso ProCultura; Ministerio Público condenado

El gobernador Claudio Orrego es sobreseído en caso ProCultura y se ordena al Ministerio Público pagar costas.

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió sobreseer definitivamente al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en relación con la investigación de la Fiscalía de Antofagasta sobre el caso ProCultura. Esta resolución se produce tras el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago al desafuero de Orrego, lo que llevó a su defensa a solicitar la finalización de la persecución penal en su contra.

La jueza Carla Cappello firmó la resolución que no solo sobreseyó a Orrego, sino que también ordenó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado el pago de costas. Los abogados defensores, Ciro Colombara y Aldo Díaz, celebraron la decisión, destacando que el tribunal respaldó sus argumentos de que los hechos no constituían delito y que habían probado la inocencia de Orrego de manera clara y absoluta.

“Estamos muy satisfechos por la decisión del tribunal que acogió todas nuestras peticiones. En una decisión poco común, el fiscal regional fue condenado en costas por grave negligencia y notorio desconocimiento del derecho en la conducción de la investigación”, señalaron los defensores. Además, enfatizaron que el Ministerio Público fue condenado por sus erróneas actuaciones durante la indagatoria.

La investigación se centró en la transferencia de $1.600 millones en el contexto del plan Quédate, un programa de prevención del suicidio que implementó ProCultura con fondos del GORE de Santiago. Orrego se defendió alegando que “la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad”. La autoridad regional expresó su intención de centrarse ahora en recuperar la ciudad para sus habitantes.

Con esta decisión, el frente penal de Orrego ha quedado completamente despejado. Sin embargo, aún queda por resolver la solicitud de destitución que fue activada por los consejeros regionales republicanos y de la UDI ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

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