Gendarmería ha concretado el traslado de los tres últimos reos comunes que permanecían en el Centro Penitenciario de Til Til, conocido como Punta Peuco. Esta decisión, según la institución, se basa en criterios técnicos relacionados con la seguridad, habitabilidad y funcionamiento de los establecimientos penales. La acción pone fin a la presencia de internos condenados por delitos comunes en un recinto que ha sido históricamente reservado para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El cambio de régimen en Punta Peuco se había implementado durante la administración del expresidente Gabriel Boric, quien había determinado que el penal tendría un carácter común. Sin embargo, la reciente decisión de trasladar a los reos ha suscitado críticas y cuestionamientos por parte de diversas autoridades, incluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y miembros del Congreso.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, ha ofició a Gendarmería para obtener detalles sobre las razones técnicas detrás de los traslados y evaluar sus implicancias. Esta solicitud fue respaldada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el diputado Raúl Leiva expresó su apoyo a la búsqueda de antecedentes sobre el proceso.
Asimismo, la diputada Lorena Pizarro también ha solicitado explicaciones al Ministerio de Justicia sobre esta determinación, enfatizando la necesidad de esclarecer los argumentos que justifican el traslado. Desde el Gobierno, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, ha descartado que haya motivaciones políticas detrás de esta decisión, argumentando que se trata de una acción técnica de Gendarmería. Sin embargo, sugirió que se debe revisar si la inclusión de reos comunes en Punta Peuco respondió a criterios políticos.
Este traslado ha abierto un debate sobre la gestión de los recintos penitenciarios en Chile y la historia de Punta Peuco, un lugar que ha simbolizado la memoria de las violaciones a los derechos humanos en el país.
