La Corte Suprema ha establecido un nuevo criterio sobre la confianza legítima en el empleo público, indicando que funcionarios a contrata con antecedentes disciplinarios no pueden invocar este principio para mantener su cargo. Este fallo se origina en un caso donde trabajadores estatales fueron despedidos tras una investigación penal, a pesar de haber tenido contratos renovados por muchos años.
El caso en cuestión involucró a funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, quienes, a pesar de más de una década en sus cargos y sin sanciones, fueron desvinculados como resultado de una investigación penal aún sin condena. La Corte resolvió que la existencia de sumarios, sanciones u otros antecedentes administrativos impide considerar que existe una expectativa legítima de permanencia en el cargo.
Boric admite fallos en su gestión y llama a sanar heridas en el progresismo
Este nuevo criterio se suma a otros establecidos recientemente por la Corte, como la imposibilidad de renovar contratos por disponibilidad de recursos en servicios públicos. Según el docente de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Julio Palavaccini, esto restringe el alcance de la protección que se ofrecía a los funcionarios.
Por su parte, la abogada especializada en derecho público, Karina Kiekebusch, aclara que esta medida no necesariamente facilita las desvinculaciones, sino que establece límites en la aplicación del principio de confianza legítima. “La Corte precisa que, además del tiempo transcurrido, el funcionario no debe tener sanciones administrativas”, comentó. Esta nueva interpretación reafirma el carácter temporal de la contratación en la administración pública.
