La forma de ejecución durante esta semana del desalojo de un campamento del sector de La Chimba en Antofagasta es preocupante y cuestionable. La fuerza y la violencia empleadas están a la vista. Las imágenes hablan por sí solas.
Los desalojos masivos y forzosos son, por definición, una violación flagrante del derecho a una vivienda adecuada y de otros tantos derechos civiles y sociales. Desde la década de los noventa del siglo pasado, diversas instancias y mecanismos de las Naciones Unidas así lo han declarado categóricamente.
En el último informe de 2026 de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Digna se afirmó que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera que los desalojos forzosos y los desplazamientos coercitivos o involuntarios son ilegales. Estos deben ser evitados siempre que sea posible, priorizando medidas preventivas y alternativas. Pero, ¿a quién le importa el Derecho Internacional?
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Lo visto esta última semana es una manifestación, aún impune, de un trato humillante y desproporcionado en que el Estado, a través de sus agentes, lejos de garantizar el derecho a una vivienda digna, lanza a la calle a más de 300 personas. Esta situación no es solo una realidad local, sino una experiencia dolorosa en muchos países del orbe, lo que justifica la preocupación permanente del Sistema Universal de Derechos Humanos.
Diversos informes sostienen que los desalojos y las demoliciones de viviendas vulneran derechos fundamentales, afectando el derecho de propiedad de las personas desalojadas y dejando a personas vulnerables en mayor desamparo. En sentencias de 2024 y 2025, la Corte Suprema subrayó tanto el carácter excepcional de los desalojos como la obligación de respetar ciertos estándares internacionales mínimos, especialmente en consideración a la situación de vulnerabilidad social y económica de los afectados.
La Corte impuso exigencias como la comunicación oportuna de la decisión a los afectados y el respeto irrestricto de la dignidad e integridad de las personas. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cuánto de ello se observó y se respetó en el desalojo de esta semana? La destrucción de las viviendas y de las pocas pertenencias fue total.
Es fundamental recordar que diversos sectores residenciales de Antofagasta fueron en algún momento asentamientos informales. Cuando se pierde la memoria se pierde todo. Es esperable siempre la empatía y la solidaridad social, especialmente en momentos de crisis como este.
