Un general de Ejército y varios suboficiales de la misma institución fueron condenados a penas de 12 años de cárcel en dos aristas del caso conocido como “milicogate”, según sentencias emitidas por la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga. La sentencia involucra a un general, un coronel y varios suboficiales, reflejando la gravedad de los delitos cometidos.
En la arista denominada “mandos”, se condenó al general de brigada en retiro Héctor Alexis Ureta Chinchón a una pena de 12 años de cárcel efectiva y al pago de una multa de 356 millones de pesos por fraude al fisco. Se le imputa un daño al patrimonio del Estado de 44.387,469 UTM, equivalente a más de 3.100 millones de pesos en la actualidad.
Ureta Chinchón era comandante de la División de Mantenimiento del Ejército de Chile. Bajo su mando se encontraban su ayudante, el suboficial Claudio González Palominos, y su secretaria, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, quienes también fueron condenados en la arista “Matriz” del “milicogate”. Todos recibieron una pena de 12 años efectivos, así como una multa de 427 millones de pesos.
Además, el coronel Jorge Enrique Silva Hinojosa fue condenado a 10 años y un día, con una multa de 406 millones de pesos, por fraude al fisco reiterado. Otros involucrados, como el sargento primero Luis Ruperto Meléndez Carrillo, recibieron penas menores, pero aún significativas, reflejando el impacto del escándalo.
La investigación del “Cuaderno Matriz” se inició en 2014 a raíz de los gastos exorbitantes de un cabo del Ejército, Juan Carlos Cruz Valverde, en un casino. Este gastó 2.368 millones de pesos de fondos reservados del cobre, lo que desató una serie de investigaciones que culminaron en las condenas recientes. Cruz Valverde fue aprehendido hace 10 días tras estar prófugo casi tres años y ahora cumple condena.
Las penas impuestas en este caso subrayan la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones militares, planteando interrogantes sobre la gestión de recursos del Estado y el uso indebido de fondos reservados.
