La reciente polémica en torno a la seguridad pública ha tomado protagonismo tras las declaraciones del nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau. Este anunció que se basará en la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP) impulsada por Gabriel Boric para abordar la crisis delictual en el país. La confirmación de este enfoque ha generado reacciones mixtas entre exautoridades y analistas políticos, quienes cuestionan la falta de un plan propio del gobierno actual.
El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresó que “uno esperaría que, si durante tres campañas presidenciales se habló tanto de seguridad, al menos hubiera una propuesta sobre la mesa”. En contraste, la ex vocera Camila Vallejo destacó la falta de un plan propio, sugiriendo que el actual gobierno está repitiendo estrategias anteriores sin innovar.
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Desde el gobierno, Arrau minimizó la controversia, calificándola de artificial, y aseguró que hay un plan en marcha. Por su parte, la exministra Carolina Tohá resaltó que la PNSP es una política de Estado que debe trascender a los cambios de gobierno, aunque advirtió sobre la necesidad de formalizar estrategias bienales para operativizarla.
La PNSP, promulgada en 2025 y vigente hasta 2031, tiene como objetivo general enfrentar el aumento de la violencia delictual y el temor en la población, buscando reducir delitos violentos y fortalecer el sistema de seguridad pública. Se articula en seis ámbitos de acción, incluyendo prevención en la niñez y adolescencia, control del delito, y atención a víctimas, entre otros.
Finalmente, se espera que el próximo 1 de junio el gobierno presente sus primeros lineamientos en materia de seguridad, lo que podría dar un nuevo rumbo a esta controversia y definir la dirección de la política de seguridad en el país.
