La Policía de Investigaciones (PDI) de Antofagasta ha frustrado un audaz robo a la empresa de valores Loomis, al desbaratar a una organización criminal que había excavado un túnel subterráneo con el objetivo de acceder a una bóveda que contenía más de $40 mil millones.
El operativo, llevado a cabo por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) en colaboración con la Fiscalía Regional, resultó en la detención de 11 personas vinculadas a la banda conocida como “El Sindicato del Silencio”. Según la PDI, la organización llegó a Antofagasta en febrero de este año con el único propósito de ejecutar el ilícito.
Para llevar a cabo su plan, los delincuentes arrendaron un inmueble comercial desocupado desde donde comenzaron la construcción de un túnel de aproximadamente 15 metros de longitud, que se dirigía hacia la bóveda principal de Loomis. Además, utilizaban una residencia como centro de operaciones para coordinar sus acciones.
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Durante cerca de tres meses, los miembros de la banda removieron más de tres toneladas de tierra y habilitaron sistemas de electricidad, ventilación e iluminación dentro del túnel, logrando perforar parte de la estructura de acceso a la bóveda. Cuando la policía irrumpió, los delincuentes estaban “a escasos metros” de concretar el robo, con solo una lámina metálica separándolos del dinero.
La investigación reveló que la organización planeaba realizar acciones distractivas, simulando el robo de un cajero automático y provocando un corte de luz en la zona sur de la ciudad, con el fin de desviar la atención de las fuerzas policiales mientras ingresaban a la bóveda.
El prefecto inspector Freddy Castro Crespo destacó que se trató de “uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado” en la región. Durante el procedimiento, la PDI incautó vehículos, inhibidores de señal, equipos de radiocomunicación, cámaras de vigilancia, herramientas especializadas y el sistema de ventilación instalado dentro del túnel.
Los 11 detenidos han sido formalizados por los delitos de robo en lugar no habitado frustrado y asociación delictual, quedando todos en prisión preventiva por considerarse un peligro para la seguridad de la sociedad. Se ha fijado un plazo de investigación de 100 días.
