La inestabilidad política en Bolivia vuelve a escena. A seis meses de iniciado el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz, las calles de las principales ciudades del país han evidenciado una radicalización de las protestas de diferentes grupos sindicales y campesinos, quienes exigen la salida del nuevo gobernante boliviano. Paz, quien derrotó a Jorge “Tuto” Quiroga en el balotaje de octubre, se enfrenta a una crisis económica profunda con una inflación anual del 25% y un Producto Interno Bruto (PIB) que cayó un 1,5% en 2025.
En este contexto, Rodrigo Paz ha prometido reformas promercado para sacar a Bolivia de su estancamiento y romper con dos décadas de gobiernos de izquierda. Durante su campaña, el mandatario prometió un “capitalismo para todos”, con medidas que incluyen la reducción de la carga tributaria y nuevas leyes de hidrocarburos. Sin embargo, la eliminación del subsidio a los combustibles ha elevado los costos del transporte y ha presionado aún más la inflación, lo que ha llevado a que las protestas sociales se intensifiquen.
Las dificultades para construir consensos y dar soporte a sus reformas se han hecho evidentes en los últimos meses. Según Bernardo Pacheco, cientista político, muchas de las reformas económicas se han implementado lentamente y sin una dirección clara, generando incertidumbre en la población. Por su parte, Vanessa Cárdenas, académica, señala que el gobierno no ha logrado establecer una mayoría sólida en la asamblea legislativa, lo que complica aún más su situación.
Las movilizaciones sociales abarcan sindicatos, transportistas, mineros y campesinos, quienes históricamente han tenido un papel crucial en la política boliviana. La situación se agrava con la crisis humanitaria provocada por los disturbios, que han causado escasez de medicamentos, alimentos y combustible, como lo ha señalado el gobierno de Estados Unidos. El riesgo de desgaste para el presidente Paz es evidente, aunque los analistas no prevén un quiebre democrático inmediato. Sin embargo, si no se abordan las preocupaciones económicas de la ciudadanía, el conflicto podría resurgir con mayor fuerza hacia fin de año.
