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Zapatero, primer expresidente español imputado por corrupción

José Luis Rodríguez Zapatero es imputado por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.

La Audiencia Nacional investiga al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, reabriendo el debate sobre la corrupción en el PSOE. El juez ha señalado que Zapatero podría haber liderado una trama que buscaba beneficios económicos estimados en 1,9 millones de euros para él y su entorno.

El juez José Luis Calama ha indicado en su auto de imputación que existe una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, con el objetivo de obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra. Se investiga una posible influencia para la aprobación de una ayuda pública de 53 millones de euros para rescatar a la aerolínea, presuntamente vinculada a comisiones ilegales.

Este caso, que había sido archivado, se reabrió tras descubrimientos de la fiscalía anticorrupción en 2024, sugiriendo que el dinero del rescate pudo haber sido utilizado para blanquear dinero de operaciones corruptas relacionadas con altos funcionarios de Venezuela. Zapatero ha sido imputado por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El expresidente, quien dirigió el Gobierno de España entre 2004 y 2011, ha rechazado las acusaciones, afirmando que “jamás” hizo gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. En un vídeo, aseguró que toda su actividad ha sido “siempre con absoluto respeto a la legalidad” y se mostró dispuesto a colaborar con la justicia, negando cualquier implicación en sociedades mercantiles.

En respuesta a la situación, el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, defendió el “buen nombre” de Zapatero, mientras que la oposición exigió su comparecencia. Sánchez reconoció que son “momentos duros” para el PSOE y subrayó la importancia de defender a un compañero que ha contribuido positivamente al partido. La portavoz del Gobierno confió en que se haga justicia, recordando que la investigación comenzó con una denuncia de la organización Manos Limpias.

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