Tareck El Aissami, exvicepresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), inició una huelga de hambre desde el pasado sábado, lo que provocó la suspensión de la audiencia judicial relacionada con el caso PDVSA-Cripto. Este caso investiga un fraude que supera los 16,5 millones de dólares y, además de El Aissami, involucra a otras 60 personas. La juez Alejandra Romero tomó la decisión de suspender la audiencia en respuesta a su estado de salud, que ha sido reportado como crítico.
Fuentes cercanas al exministro, incluyendo el exfiscal Zair Mundaray, indicaron que El Aissami presentó un cuadro de deshidratación y que médicos de la oficialista Dirección Ejecutiva de la Magistratura determinaron su condición. A pesar de esta situación, la solicitud de su defensa para recibir atención médica fue rechazada por la juez, lo que ha generado preocupación sobre su bienestar.
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El Aissami, quien se encuentra recluido en la cárcel Rodeo I, ha sido objeto de represalias por haber denunciado prácticas de tortura durante su reclusión. Según Mundaray, el exministro responsabilizó a la juez de lo que pudiera ocurrirle a su salud, lo que añade un matiz serio a la situación en la que se encuentra.
La decisión del tribunal de enviar médicos al centro penitenciario fue finalmente rechazada por el equipo defensor, que intentó introducir un amparo sin éxito. La situación de El Aissami refleja el clima de tensión y desconfianza en el sistema judicial venezolano, donde muchos observadores creen que el caso pone de manifiesto la incomodidad del régimen ante las revelaciones que están saliendo a la luz durante el juicio.
