El senador Fidel Espinoza (PS) ha presentado un oficio ante la Contraloría General de la República para investigar posibles conflictos de interés relacionados con la modificación de la Ley Uber. Esta denuncia surge a raíz de la relación entre el ministro de Transportes, Louis De Grange, y la aplicación de transporte de pasajeros Uber, lo que ha generado preocupación en diversos sectores políticos y gremiales.
Recientemente, se llevaron a cabo manifestaciones por parte de gremios de taxistas en todo el país, quienes expresaron su descontento ante la propuesta del Gobierno de permitir la inclusión de automóviles tipo “city car” en las aplicaciones de transporte. Este cambio ha despertado voces críticas, especialmente entre los parlamentarios que advierten sobre los vínculos previos de De Grange con Uber.
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El ministro De Grange recibió financiamiento de Uber en 2023 para la elaboración de un estudio mientras se desempeñaba como académico. Esto ha llevado a Espinoza a solicitar una indagación formal para aclarar si existen conflictos de interés que puedan afectar la integridad de las decisiones legislativas sobre la Ley Uber.
La modificación al decreto supremo 212, que regula las condiciones para los servicios de transporte público de pasajeros, ha suscitado alerta entre los parlamentarios. La Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, ya aprobada, necesita la oficialización de su reglamento, pero las modificaciones propuestas por el Ejecutivo han retrasado su implementación.
La situación plantea un escenario complicado para la gobernanza del transporte público en el país, y las intervenciones de Espinoza reflejan una creciente preocupación sobre la influencia de las aplicaciones de transporte en el mercado y las regulaciones pertinentes.
