Osvaldo Andrade, exdiputado socialista, ha sido objeto de controversia por mantener contratos simultáneos como asesor jurídico en las municipalidades de Santiago y Copiapó. En total, Andrade recibió más de $55 millones durante 2026, lo que ha despertado dudas sobre la legalidad y ética de sus asesorías.
La concejala Carolina Prieto criticó abiertamente estos contratos externos, enfatizando que la ley no prohíbe mantener contratos a honorarios en simultáneo, pero las circunstancias en Santiago levantaron alertas sobre posibles reparos de la Contraloría General de la República.
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El contrato de Andrade en Santiago fue terminado el 24 de marzo, en medio de una revisión de los contratos de abogados externos del municipio. La concejala Prieto indicó que había avisado a Andrade sobre la finalización de su contrato, que había estado vigente desde febrero de 2025.
A pesar de que la legislación permite la contratación simultánea, el principal temor dentro del municipio era que la Contraloría pudiera realizar observaciones. De hecho, se especula que el contrato de Andrade fue terminado antes de que el organismo pudiera realizar una revisión más profunda.
La naturaleza de las funciones contratadas por Andrade también ha sido objeto de debate. La Contraloría ha afirmado que las asesorías externas deben ser para labores específicas que no puedan ser desarrolladas por las unidades permanentes del municipio, lo que plantea interrogantes sobre la validez de su trabajo en la Dirección Jurídica de Santiago.
