El INDEC de Argentina reveló que la inflación acumulada en abril alcanzó el 12,3%, superando la meta anual del 10,1% fijada en el Presupuesto Nacional de 2026. Expertos advierten que la inercia inflacionaria, impulsada por contratos indexados, complica la contención de precios. La brecha entre la inflación proyectada y la real afecta a partidas no indexadas, como salarios públicos.
Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publicó el dato de inflación de abril. Con este número, el acumulado del año llegó a 12,3%, confirmando que el presupuesto aprobado en septiembre del 2025 quedó obsoleto antes de cumplir la mitad del año. La ley de presupuesto fijó como meta central una inflación anual del 10,1% para el 2026.
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Para entender por qué ocurrió esto, hay que ir más atrás que enero. Haroldo Montagu, economista jefe de la consultora Vectorial, señala que existe un piso de inflación inercial de entre el 2% y el 2,5% mensual que es “muy difícil de perforar”. Este fenómeno se explica por contratos y precios indexados a la inflación pasada, lo que complica aún más la situación.
Martín Epstein, politólogo e investigador del Centro CEPA, plantea que la subestimación de la inflación pasada puede ser una estrategia política para generar margen de maniobra al Ejecutivo. “La diferencia entre la inflación proyectada y la real opera como un ajuste encubierto, una licuación silenciosa de recursos”, explica Epstein, resaltando la preocupación por el impacto que esto tiene sobre el ingreso disponible de las familias.
Con una inflación acumulada de 12,3% al cierre de abril y sin mecanismos para actualizar las partidas, el segundo semestre se presenta con problemas aritméticos y políticos. Si la inflación anual termina en torno al 30% o 35%, el recorte real de las partidas será brutal, lo que plantea interrogantes sobre la tolerancia social a estos ajustes.
