Un reciente estudio de la economista Cecilia Cifuentes, directora del centro de estudios financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, ha destacado la creciente presión que la Pensión Garantizada Universal (PGU) ejerce sobre las finanzas públicas. La investigación titula “Mercado laboral y pensiones: el problema demográfico y la urgencia de subir la edad legal de pensión” y pone de manifiesto el acelerado crecimiento del número de pensionados en los últimos años.
Cifuentes menciona que las prestaciones previsionales representaron en 2025 un 20% del aumento del gasto del Gobierno Central, lo que se atribuye tanto al impacto fiscal de la PGU como al envejecimiento poblacional. En este sentido, el aumento del gasto en este componente fue del 3,7% real en 2025, y del 3,9% en el primer trimestre de 2026, lo que genera una presión considerable en las finanzas estatales.
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Entre 2010 y 2026, la población de 65 años y más prácticamente se duplicó, al pasar de 1,6 millones a casi 3 millones de personas. Según las estimaciones de Celade, esta población seguirá creciendo a un ritmo promedio del 3,4% anual durante el próximo quinquenio, lo que implica un incremento del gasto fiscal en la PGU. Además, el monto de la PGU ha aumentado, pasando de $231.732 a $250.275 para beneficiarios mayores de 82 años, lo que afectará aún más la carga fiscal.
El estudio sugiere que es urgente subir la edad legal de jubilación como una medida para mitigar la presión sobre las finanzas públicas. Se propone un aumento gradual, alcanzando los 65 años para mujeres y 67 años para hombres en un horizonte de 20 años. Sin embargo, la autora advierte que este cambio debe considerar la equidad, ya que muchos trabajadores, especialmente mujeres en empleos informales, podrían no poder extender su vida laboral hasta estas edades. Por lo tanto, se deben contemplar excepciones adecuadas para este grupo.
En conclusión, el estudio llama a un debate necesario sobre la reforma de la jubilación en un contexto donde la sostenibilidad fiscal es cada vez más crítica debido al aumento en el número de pensionados y el incremento de los beneficios otorgados por la PGU.
