Datos oficiales revelan que la propuesta de recorte del 15% a la Pensión Garantizada Universal (PGU) solicitada por el ministro Quiroz no tenía sustento técnico. Según un análisis realizado por CIPER, la medida podría haber perjudicado significativamente a los beneficiarios, afectando sus pensiones. El ministro justificó su solicitud argumentando la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto y prevenir el fraude fiscal, pero estos argumentos se desmoronan al revisar los datos disponibles.
El gobierno ha confirmado que no se procederá con el recorte, pero los documentos relacionados indican que la propuesta de Quiroz estaba motivada por la intención de eliminar costos administrativos, que representan menos del 1% del presupuesto de la PGU. Esto sugiere que cualquier reducción real en el presupuesto implicaría recortes directos a los pagos a los beneficiarios, lo que podría resultar en una disminución de al menos US$800 millones anuales.
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El exsuperintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos, señaló que aplicar un recorte de esta magnitud “daría un golpe a los hogares de los adultos mayores”. La propuesta contrasta con la promesa del presidente José Antonio Kast de no recortar la PGU, lo que ha generado críticas tanto en el gobierno como en la oposición. Las incertidumbres sobre la viabilidad de esta medida se agravan por la falta de apoyo legislativo, dado que requeriría una modificación legal que debe ser aprobada por el Congreso.
CIPER también ha confirmado que no hay evidencia de fraudes en la entrega de la PGU, lo que contradice otra de las justificaciones presentadas por Quiroz. La revisión de antecedentes de los solicitantes se realiza a través de un proceso riguroso que incluye múltiples fuentes de datos, lo que minimiza el riesgo de errores en la concesión del beneficio. En resumen, la propuesta de recorte no solo carecía de base técnica, sino que también podría haber tenido consecuencias graves para los beneficiarios de la PGU.
