El 21 de noviembre de 2024, se formalizó un cambio normativo que favorece a Guacolda, la central termoeléctrica más grande de Chile. En ese momento, poco se sabía sobre el posible conflicto de interés que implicaba la participación de Alex Santander, el funcionario que diseñó dicha modificación, quien estaba postulando a un alto cargo en Generadoras de Chile, la gremial que agrupa a las principales empresas energéticas del país.
A pesar de su nuevo rol, Santander continuó recibiendo a empresas del sector mientras ocupaba una jefatura en el Ministerio de Energía. Los registros de lobby muestran al menos seis reuniones entre noviembre de 2024 y enero de 2025, periodo en el que concretó su renuncia al gobierno. Un año después, Santander se encontraba en el lado opuesto, actuando como lobista para las mismas empresas que antes supervisaba.

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La norma que él ayudó a redactar definía los límites de emisiones para las termoeléctricas, y un artículo transitorio se diseñó específicamente para Guacolda. Esto permitió que la central pudiera continuar operando bajo un límite mayor de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) hasta 2040, un cambio que fue considerado como un “traje a la medida” para la empresa.
Los críticos de este cambio normativo, incluyendo a expertos en medio ambiente, han señalado que la norma favorece a Guacolda en desmedro de otras centrales que buscan reconvertirse. Sin embargo, en Chile no existen regulaciones claras que limiten el tránsito laboral entre el sector público y privado, lo que permite que situaciones de este tipo se repitan sin consecuencias.
La falta de regulación sobre las puertas giratorias ha generado un ambiente propicio para conflictos de interés, algo que el gobierno ha intentado abordar sin éxito en el Congreso. Actualmente, la investigación sobre el rol de Santander en la redacción de la norma se encuentra en curso, mientras la situación ambiental en Huasco y la operación de Guacolda siguen siendo motivo de preocupación.

