La ofensiva de fondos PMGD durante el ChileDay elevó la presión sobre Hacienda. Fuentes aseguran que Quiroz empujó a Ximena Rincón a evaluar un nuevo retiro de los decretos que corregían una distorsión a favor de los PMGD, desatando una dura contraofensiva del Consejo Minero, Generadoras y la AGR.
La tensión política en el mercado eléctrico chileno entró en una nueva fase: la guerra del lobby. Lo que antes parecía una discusión técnica sobre reglamentos y operación del sistema, hoy se ha transformado en una batalla de alto voltaje entre fondos internacionales, generadoras, gremios renovables, la gran minería y el propio Gobierno.
En el centro del conflicto están los decretos supremos 88 y 125, normas impulsadas durante la administración de Gabriel Boric. Su objetivo era corregir distorsiones regulatorias asociadas al régimen de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), un segmento que operó bajo un esquema de precios estabilizados cuestionado por otros actores del sistema.
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El conflicto recrudeció cuando el Ministerio de Energía, encabezado por Rincón, decidió reingresar los decretos a Contraloría sin modificaciones sustanciales. Esta decisión fue interpretada como una continuidad regulatoria inesperada, generando una fuerte respuesta de los PMGD.
El episodio más visible ocurrió durante el ChileDay, donde representantes del mundo PMGD escalaron el conflicto hacia el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enviándole una dura carta acusándolo de validar la orientación regulatoria del exministro Diego Pardow. Esto provocó que Quiroz aumentara la presión sobre Rincón para que evaluara retirar nuevamente los decretos.
Ante esta situación, gremios de la minería y generación eléctrica redoblaron su ofensiva sobre Rincón, advirtiendo que el régimen vigente ha significado “US$700 millones de mayor costo sistémico”. A medida que crecían las señales de un posible nuevo retiro de los decretos, también llegaron nuevas misivas de Generadoras de Chile y de la Asociación de Generación Renovable (AGR), defendiendo la pronta publicación de los reglamentos.
La carta de la AGR elevó aún más la tensión política al apuntar directamente al lobby de fondos internacionales detrás de los PMGD. En un párrafo contundente, la asociación sostuvo que “los PMGD actualmente gozan de un subsidio cruzado que pagan, directa o indirectamente, todos los chilenos”.
Este conflicto no solo pone en riesgo la autonomía del Estado frente al poder financiero internacional, sino que también coloca al Ejecutivo entre dos fuegos: la presión de los PMGD y la contraofensiva de la minería y grandes generadoras que consideran el régimen actual como una anomalía costosa para el país.
